Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (1886)

El Convenio se funda en tres principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse, así como las disposiciones especiales para los países en desarrollo que quieran valerse de ellas.

1.- Los tres principios básicos son los siguientes:

• Las obras originarias de uno de los Estados contratantes (es decir, las obras cuyo autor es nacional de ese Estado o que se publicaron por primera vez en él) deberán ser objeto, en todos y cada uno de los demás Estados contratantes, de la misma protección que conceden a las obras de sus propios nacionales (el principio del "Trato Nacional")
• Dicha protección no deberá estar subordinada al cumplimiento de formalidad alguna (principio de la protección "Automática")
• Dicha protección es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra (principio de la "Independencia" de la protección). Sin embargo, si un Estado contratante prevé un plazo más largo que el mínimo prescrito por el Convenio, y cesa la protección de la obra en el país de origen, la protección podrá negarse en cuanto haya cesado en el país de origen.

Países contratantes:

Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América (Puerto Rico), Guatemala, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Republica Dominicana, San Vicente y Las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite (1974)

Este Convenio establece la obligación de cada Estado contratante de tomar medidas adecuadas para impedir que, en su territorio o desde él, se distribuya sin autorización cualquier señal portadora de programas transmitida por satélite. La autorización de la distribución debe darla el organismo – por lo general, un organismo de radiodifusión – que ha decidido el contenido del programa. La obligación rige respecto de los organismos que son “nacionales” de un Estado contratante.

El Convenio está abierto a todo Estado que sea miembro de las Naciones Unidas o de cualquiera de los organismos del sistema de las Naciones Unidas. Los instrumentos de ratificación, aceptación o adhesión deben depositarse en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Países contratantes:

Argentina, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos de América (Puerto Rico), Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago.

El Convenio establece la obligación de cada Estado contratante de proteger a los productores de fonogramas que son nacionales de otro Estado contratante contra la producción de copias sin el consentimiento del productor, contra la importación de dichas copias, cuando la producción o la importación se hagan con miras a la distribución al público, y contra la distribución de esas copias al público. Se entenderá por “fonograma” una fijación exclusivamente sonora (por lo que no incluye, por ejemplo, las bandas sonoras de películas o de videocasetes), cualquiera sea su forma (disco, cinta, etc.). La protección puede otorgarse mediante la legislación sobre derecho de autor, una legislación sui generis (derechos conexos), la legislación sobre competencia desleal o el derecho penal. La protección debe tener una duración mínima de 20 años contados desde la primera fijación o la primera publicación del fonograma. (Sin embargo, las legislaciones nacionales prevén cada vez con mayor frecuencia un plazo de protección de 50 años).

Países contratantes:

Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América (Puerto Rico), Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.